Tras darse a conocer la noticia de que el gobierno de Donald Trump congeló todos los activos de 13 funcionarios venezolanos y le prohibió a todo estadounidense hacer transacciones con los sancionados, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los afectados renegaron del hecho o permanecieron en silencio, la mayoría de la opinión pública venezolana celebró la medida. Aunque lo mejor (o lo peor) de este hecho aún está por venir.

NO TE PUEDES PERDER LO QUE DIJO LUISA ORTEGA DIAZ:

Entre los “castigados” por la administración Trump se encuentran el actual ministro del Interior, Néstor Reverol; el exvicepresidente y exministro de Exteriores Elías Jaua; el exvicecanciller y exministro de Comercio Alejandro Fleming; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el defensor del pueblo, Tarek William Saab; la exministra de prisiones, Iris Varela; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena; el director de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda; el comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano; el comandante de las Fuerzas Armadas, Jesús Suárez Chourio; el ex- director de la Policía Nacional, Franklin García Duque; presidente de Cencoex, Rocco Albisinni Serrano; al vicepresidente de finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa Delgado y al ex tesorero de la nación, Carlos Erick Malpica.


Además de estas adiciones:

Sandra Oblitas

Socorro Hernández

Carlos Quintero

Elvis Amoroso

Isaías Rodríguez

Ernesto Villegas

Jorge Márquez

Manuel Fernández

Carlos Osorio

Freddy Bernal

La medida tomada por el Departamento del Tesoro de EEUU fue ejecutada mediante un documento justo antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario estadounidense, Donald Trump, se aseguró que, de seguir en pie esta propuesta para reformar la Constitución venezolana, le agregarían más funcionarios a la lista roja y no precisamente por “chavistas”.

Ahora, estas sanciones impulsadas por petición de dos senadores relevantes de la comunidad hispana como Bob Menéndez y Marco Rubio, demócrata y republicano, respectivamente; transformaría el significado y el impacto de esta medida en Venezuela en comparación a las tomadas por Barack Obama en 2015; así lo aseguraron los expertos consultados por Caraota Investiga.

“Lo importante es entender que estas sanciones son contra los dirigentes del Gobierno no contra el país”, enfatizó el internacionalista Daniel Álvarez.

CONTUNDENTES DECLARACIONES DE RODRIGUEZ TORRES:


El nueve de marzo de 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva en la que declaró “una emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación de Venezuela. Asimismo, sancionó a siete funcionarios por violar los derechos humanos y cometer actos de corrupción.

Este comunicado contra los seguidores del mandatario, Nicolás Maduro, generó una agresiva campaña en Venezuela: Gringos Go Home, como una medida para que “no se entrometieran en los asuntos internos”. Dos años más tarde: la orden norteamericana no solo se ratifica –ahora a través de un nuevo mandatario- sino que se refuerza y aumenta la cantidad de dirigentes políticos incriminados por actos vandálicos.

Análisis a tres voces:

¿Cómo perjudican estas sanciones a los 13?

“Les afecta su credibilidad, sus proyectos, le complica su existencia y sería muy fácil superar la situación porque además mi lectura es que las medidas las están tomando con prudencia y con inteligencia. No están todos, pero está la alerta de que pueden venir otros. Esos otros podrían estar ahorita trabajando para que hayan cambios en la política venezolana y eso les salvaría sus patrimonios”, así lo aseguró el doctor en Ciencias Políticas, Félix Arellano.

Arellano señaló que para los funcionarios es un “golpe muy fuerte”, debido a que les afecta directamente, no solo por el hecho de que Estados Unidos representa a un enorme sistema financiero sino también por las demás entidades bancarias que se encuentran conectadas con Estados Unidos -que es casi todo el sistema financiero mundial- y que al ver el antecedente jurídico de estos funcionarios podrían cerrarles las puertas para cualquier futura inversión.

 

Afirmaciones que constató el internacionalista, Daniel Álvarez, al indicar que pese a la respuestas de los sancionados mediante sus redes sociales y en cadena nacional, “son sanciones personalísimas, no pueden hacer negocios, le congelan activos”. Explicó que la medida norteamericana limita “Desde cosas mínimas como abrir una cuenta o hacer grandes negocios”.

Negociaciones en puerta

De acuerdo con los especialistas consultados, esta medida busca abrir un camino de negociación entre los funcionarios que se sumarían a esta lista “roja” y la comunidad internacional para que cese la violación contra la Constitución. Destacaron que si Venezuela decidiera postergar o suspender la Constituyente e inicia un proceso de de respeto a la Carta Magna podría llegar a “desinflar este tipo de sanciones”.

“Estas medidas buscan abrir paso a una negociación y así deberían leerlo quienes tienen su patrimonio un poco oscuro, un poco confuso. Deberían estar trabajando para que hayan cambios de política, señales positivas y Venezuela está en la mira de este tema de derechos humanos”, sentenció Arellano, también profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El especialista explicó que aunque en su discurso aseguren no verse afectados con este tipo de pronunciamientos, en lo personal les afecta su futuro patrimonial, debido a que también entre los venezolanos exacerba la desconfianza. “Que estén allí funcionarios de tan altísimo nivel es una señal muy grave para un Gobierno que está en crisis y que está en puertas en crisis financiera, para un Gobierno que está buscando recursos frescos para importar harina, gasolina, medicamentos y para mantener su corrupción permanente”.

Asimismo explicó que esos “recursos frescos” o van a brokers –relativamente ilegales donde pedirían beneficios “espectaculares”- o van a la banca mundial; sin embargo, el problema con este último apartado es que a el recurre todo aquél que necesita apoyo en esta materia -todas las grandes empresas, todos los gobiernos- pero le dan suma relevancia a los temas jurídicos, “de la seguridad jurídica y además si hay funcionarios sancionados la imagen frente a la comunidad internacional -particularmente a la financiera- es muy delicada”.

 

 

FUENTE: CARAOTA DIGITAL



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